El proceso de “sucretización”, que implicó que el Estado ecuatoriano asuma la deuda externa privada, tuvo consecuencias negativas para su sociedad y su economía. La más importante fue la de hipotecar, una vez más, al país a las condiciones impuestas por los acreedores de una deuda externa impagable. Este proceso, como casi todas las soluciones “definitivas”, contemplaba ciertos “beneficios” derivados del cumplimiento de las condicionalidades del FMI y del Banco Mundial (al presentarse el Estado ecuatoriano como un mejor “garante” de los créditos frente a los acreedores externos), al evitar la quiebra de las empresas y al estabilizar el sistema financiero, según rezaba el discurso oficial.
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